Por los pasados cinco años, el Departamento de la Vivienda subsidió el alquiler de residencias bajo el programa federal de Sección 8 sin confirmar que los propietarios de vivienda beneficiados pagaran las patentes municipales requeridas.
Eso evidenció una auditoría de la Oficina del Contralor (OCPR) que revisó una muestra de 43 casos, de entre 2011 y 2016, en los que se ofreció esta asistencia para acceder a la vivienda, que se sufraga con fondos del gobierno federal estadounidense.
Según el informe de la auditoría, que la OCPR publicó hoy martes, en ninguno de los 43 expedientes revisados había evidencia del pago de patentes por parte de los propietarios y en nueve de esos tampoco se incluyeron las fotografías de la vivienda que requiere el reglamento.
Durante la primera parte del periodo auditado, bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño, el secretario de la Vivienda era Miguel Hernández Vivoni, quien no respondió a ninguna de las cartas que le enviaron los auditores de la OCPR para obtener sus comentarios acerca de los hallazgos que finalmente se incluyeron en el informe divulgado hoy.
Bajo la actual administración popular, tomó el mando de la agencia Rubén Ríos Pagán y, a partir de junio de 2014, ocupa ese cargo el también director de la Oficina de Gerencia de Permisos, Alberto Lastra Power, quien, en comunicación escrita con la OCPR, reconoció las deficiencias señaladas y aseguró que se ha trabajado para subsanarlas. Ríos Pagán manifestó su conformidad con los comentarios que ofreció su sucesor.
“Señalamiento aceptado... El 3 de mayo de 2016 se envió comunicado requiriendo el documento de patentes municipales”, indicó Lastra Power sobre la ausencia de esta evidencia en los récords de los propietarios que alquilan sus viviendas a los clientes del también llamado Plan 8.
Estas no son las únicas deficiencias que hallaron los auditores en los 43 expedientes que suman $66,625 en ayudas para pago de renta, que se le otorgan al propietario de la casa, y para sufragar los costos de servicios públicos como agua y luz, que se le dan directamente al residente cualificado.
En el periodo auditado, del 1 de julio de 2011 al 31 de marzo de 2016, también se evidenció el incumplimiento con requisitos para cualificar a los ciudadanos que solicitan estas ayudas federales, coordinadas en el Departamento de la Vivienda por la Secretaría Auxiliar de Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario.
Entre los documentos que no estuvieron disponibles en los expedientes, se encuentra la certificación de que el solicitante no figura en el Registro de Ofensores Sexuales y Maltratantes de Menores -en 37 de los 43 casos revisados-; la certificación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que evidencie que no posee una propiedad inmueble -en 27 de los casos- y la certificación de que no tiene deuda con la Administración para el Sustento de Menores (Asume) –en otros siete casos-.
En los cinco años auditados, Vivienda realizó desembolsos para los arrendadores y usuarios bajo el sistema de Sección 8 por $312.6 millones. En ese periodo, dirigieron la Secretaría Auxiliar de Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario Cirilo Meléndez Meléndez, Jesús O. Rivera Rivera, José Báez Escribano, de manera interina; Deborah L. Díaz López y Zuleika Hernández Miranda, según información de la OCPR.
En el informe de auditoría se detalla un segundo hallazgo relacionado con el subsidio de vivienda que se otorga a personas mayores de 60 años.
Según el informe que firma la contralora Yesmín Valdivieso, entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2016, el Departamento de la Vivienda desembolsó $62.7 millones, repartidos entre 48 arrendadores de égidas y otras cinco personas que tienen casas en alquiler bajo el programa de la Ley 173, que establece un subsidio de hasta $400 mensuales a personas mayores de 60 años de bajos recursos para el pago de alquiler de vivienda en égidas o casas.
Los auditores revisaron la cualificación y la composición familiar de 30 beneficiarios en ese periodo que residían en 13 égidas y cinco casas y, según su evaluación, a 14 de estos no se les realizó la recertificación anual requerida y en otros 13 casos este trámite se realizó con entre un mes y más de dos años de tardanza. La recertificación anual se requiere para evidenciar que el ciudadano que recibe la ayuda gubernamental continúa bajo circunstancias económicas, sociales y familiares por las que necesita esta asistencia.
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