La Procuraduría General abrió investigación preliminar por los hechos que se registraron el 26 de julio en la estación de Policía Meléndez de Cali cuando la modelo Katherine Martínez fue presionada por los uniformados para que se quitara la ropa mientras era grabada con un teléfono celular.
El órgano de control disciplinario ya recibió la denuncia presentada por la joven, quien se encontraba en estado de embriaguez, fue detenida por presuntamente participar en una riña y trasladada a una estación de Policía. Allí fue esposada a una baranda y obligada a realizar actos obscenos, mientras los policías y otros reclusos la aplaudían y le gritaban que se quitara la ropa.
El video fue difundido a través de mensajes de Whatsapp. La Procuraduría Regional del Valle busca determinar si los uniformados realizaron la conducción de la ciudadana, a qué dependencia policial, si los hechos registrados en las imágenes fueron realizados bajo coacción, y si habrían sido publicados por miembros de esa institución.
El Ministerio Público aplicará el poder preferente y asumirá las indagaciones que por estos hechos adelante la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional. En la apertura de la indagación se considera que “el irrespeto por la dignidad humana no puede ser tolerado en un estado constitucional social y democrático de derecho”.
En entrevista con la Revista Semana, Martínez expresó “me dijeron que me subiera el vestido y les mostrara mis partes íntimas para que me pasara la silla y me quitaran las esposas. Y así fue, apenas terminé de hacer todo eso me quitaron las esposas y me pasaron la silla”.
El abogado Elmer Montaña, quien defiende a la modelo caleña, aseguró que este hecho merece unas disculpas públicas por parte de sus “ofensores y del mando institucional, como medida de reparación simbólica”. El jurista presentó denuncia penal y queja disciplinaria contra los policías que habrían estado en la estación de policía y grabaron el video.
Para Montaña, lo que sucedió el pasado lunes 24 de julio en el barrio Meléndez, afecta la confianza de los ciudadanos y “provoca temor por lo que pueda suceder en adelante con la puesta en vigencia del nuevo Código de Policía”, en el sentido de que uniformados de la institución tendrán facultades para retener preventivamente a las personas con fines de protección.
Igualmente el abogado, quien pertenece a la Fundación Defensa de los Inocentes, manifestó que presentó la respectiva denuncia penal y queja disciplinaria (en la Procuraduría) en contra de los uniformados involucrados en estos hechos, y que ve con preocupación la supuesta vinculación de Martínez en actividades ilícitas “frente a este caso de violencia de género y violación de derechos humanos por parte de la Policía”.
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