Hace cinco años, Leticia Rodríguez Lara se encargaba de combatir el crimen en México.
Era integrante de la policía federal que se encarga de perseguir al tráfico de drogas, entre otros delitos, hasta que fue destituida y su vida dio un giro de 180 grados.
Se convirtió en Doña Lety, la líder de una banda criminal que con el tiempo se hizo llamar el Cártel de Cancún.
Y es que ese balneario del Caribe, el más popular entre turistas nacionales y extranjeros, era el lugar desde el que la banda criminal realizaba sus actividades, según las investigaciones federales.
Además de participar en el narcotráfico, al grupo se le atribuyen crímenes como secuestro, extorsión y ataques violentos a bares y a la policía local.
Citando a fuentes federales, el diario El Universal informó que Rodríguez, de 48 años, también participaba en el tráfico de indocumentados procedentes de Centroamérica.
Eso hasta que militares la detuvieron en agosto y la Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de tráfico de drogas y posesión de armas prohibidas, según un comunicado.
El proceso judicial en su contra llevó a las autoridades a ubicar varias propiedades y bienes de Doña Lety.
Los fiscales sabían que guardaba parte de las ganancias de sus actividades en cajas fuertes, por lo que iniciaron un operativo para asegurarlas.
Pero esa acción de la PGR tiene ahora a más de 800 personas afectadas.
Las cajas de Cancún
First National Security (FNS) es una empresa que alquila “cajas de seguridad” en las que sus clientes pueden guardar sus posesiones y documentos valiosos.
Una de sus sucursales es la del centro comercial Plaza Las Américas en Cancún, el lugar donde Doña Lety rentaba cajas fuertes para sus actividades.
Como consta en los expedientes, un juez federal autorizó a la PGR el pasado 6 de octubre a realizar un allanamiento a la sucursal de FNS de Cancún para seguir la investigación contra Doña Lety.
El juez ordenó que “los bienes de propiedad privada no relacionados con dicha indagatoria” debían permanecer intactos.
Ahí empezó el problema, pues los fiscales pusieron bajo resguardo 1.500 cajas de seguridad para revisar su contenido y encontrar los bienes de Leticia Rodríguez Lara.
Según fuentes de la PGR citadas por el diario La Jornada, Doña Lety optó por usar esas cajas “con la finalidad de mezclarlas con las de civiles, desviar la atención y contar con recursos para sus actividades ilícitas”.
Los agentes federales decidieron tomar todas las cajas y abrirlas para determinar qué contenían.
El diario Milenio informó que en en algunas de las cajas fueron encontradas cifras altas de efectivo así como plásticos usados para clonar tarjetas, los cuales presuntamente eran parte de lo que guardaba la organización de Doña Lety.
“Somos ciudadanos comunes”
Cuando los usuarios de esas cajas de seguridad se enteraron de que sus posesiones fueron extraídas, empezó el caos.
En total son 843 las personas que han solicitado la devolución de sus pertenencias.
“No somos ricos, somos ciudadanos comunes; somos amas de casa, personas de la tercera edad, profesionistas, estudiantes, trabajadores y empresarios, que llevamos años trabajando por un patrimonio”, dijeron en un comunicado conjunto.
Y es que lo primero que les informó la PGR era que, para recuperar sus pertenencias, cada persona debería mostrar la documentación que demuestre su origen.
