¿Hay Ley Seca 11 Marzo 2018 Colombia?

Combatir la apatía de los electores, evitar que la polarización afecte los comicios, lograr el posicionamiento de legisladores que impulsen los proyectos de impacto regional y combatir la corrupción hacen parte de los principales retos de la jornada electoral del próximo 11 de marzo, donde se buscará la renovación del Congreso de la República.

A esto se suma vencer el fraude electoral que fue alertado por la Misión de Observación Electoral (MOE) en 170 municipios del país, de los cuales 64 están en peligro extremo, 65 en riesgo alto y 41 en riesgo medio.

Y aunque la alerta disminuyó, teniendo en cuenta que en las elecciones legislativas de 2014 fueron 260 las localidades que tuvieron riesgo, sí hubo incremento en el nivel (extremo) en esta oportunidad en 20 localidades.

Alejandra Barrios,directora de la MOE, precisó que “los riesgos electorales pasaron de ser corredores que atravesaban importantes zonas del país a ser regiones específicas en las que se concentran economías ilegales y diferentes actores armados”.

Por ello, solicitó al Gobierno Nacional, a las autoridades electorales y a medios de comunicación especial atención en los 170 municipios calificados como los del posconflicto, es decir, zonas históricas que vivieron el conflicto armado.

La capital del país, al ser una de las ciudades que más mueve el termómetro electoral, está en un riesgo alto por violencia.
Precisamente, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, indicó que Bogotá está en un riesgo alto de presentar actos violentos de cara a las elecciones de Congreso de la República y Presidencia por las células del ELN y la presencia de otros grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidencias de las Farc.

Negret hizo un llamado al Gobierno para que se tomen las medidas necesarias contra estos grupos para evitar acciones violentas como amenazas o atentados contra personas o movimientos políticos, restricciones a la movilidad y constreñimiento al sufragante.

La MOE además encontró que el delito de la compra y venta de los votos en Bogotá para las elecciones de marzo también se daría. “Por un voto se paga entre $50.000 y $100.000 para el día de las elecciones o antes de las mismas”, indicó la Directora de la MOE.

En Santander y Norte de Santander, las elecciones están atravesadas por la llegada masiva de venezolanos y la presencia de las maquinarias electorales, que solo una semana antes se aceitan para obtener resultados.

Para algunos analistas, como el docente, investigador y consultor Fabio Torres Parada,  justamente la carrera hacia el Senado y la Cámara de Representantes en departamentos como Norte de Santander debe trascender las manifestaciones, las alianzas y las sumas y restas de apoyos, para darle paso al tema programático, que es lo que más se necesita en una coyuntura como la actual.

Mientras que en Antioquia hay una pelea voto a voto que ha hecho que la contaminación visual con vallas, afiches o pendones con publicidad de 115 candidatos al Congreso tenga inundadas las principales ciudades.

Los aspirantes comparten de manera constante, en sus redes sociales, fotografías y videos de las correrías por las nueve subregiones, pero los antioqueños que aspiran al Senado también están de gira por, al menos, otros 10 departamentos del país “pescando votos foráneos”.

Además, de 30 candidatos al Senado de otras regiones que buscan votos en Antioquia, incluso, muchos tienen fórmulas a Cámara o el apoyo de dirigentes políticos o empresariales locales.

“La razón principal por la cual se da este fenómeno tiene que ver con el fraccionamiento interno de los partidos. Esta situación podría ser indirectamente un efecto del voto preferente que ha terminado creando rivalidades internas irreconciliables al interior de los partidos”, explicó Jaime Carrión, docente del área de Partidos Políticos de la Universidad Nacional, sede Medellín.

A vencer la violencia y apatía en el Valle del Cauca
Son más de 150 candidatos de catorce partidos los que en el Valle del Cauca se disputan 13 escaños en el Congreso de la República y pese a que la pelea es voto a voto entre los contendientes, es la situación de seguridad la que tiene en riesgo la campaña electoral. Por lo menos así lo dejó en evidencia esta semana la Misión de Observación Electoral (MOE) durante la presentación de su informe de cara a los comicios de marzo.

Alejandro Sánchez, coordinador de esta organización en la región, sostiene que la desarticulación de grandes estructuras criminales hizo que sus integrantes se volcaran a las ciudades fomentando la inseguridad y ese es el principal riesgo que enfrentan las elecciones legislativas.

Incluso, Cali y Buenaventura se encuentran en riesgo extremo, según los análisis que ha hecho la MOE.

Óscar Duque, politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, coincide con esa apreciación. “Para nadie es un secreto que la violencia en Cali y en otros municipios como Jamundí, Buenaventura, Yumbo y algunos más se convirtió en un problema real”, asegura.

En esta región, durante el 2017 en siete municipios hubo asesinato de líderes políticos, sociales y comunales, por lo que están prendidas las alertas.

Además de la violencia, otros factores como la debilidad institucional del Consejo Nacional Electoral, el difícil acceso a los puestos de votación, la participación política de los funcionarios, la transhumancia electoral proveniente de Venezuela, la influencia de las disidencias de Farc, las economías ilegales y hasta las noticias falsas, representan un riesgo para las elecciones en el Valle.

La politóloga Rosalía Correa dice que también es preocupante la agresión verbal en redes sociales entre los mismos candidatos: “Nos hemos acostumbrado a tener el gallo de pelea debajo de la axila y es preocupante porque hemos llegado a un tipo de intolerancia muy alto.
Que a usted le digan ‘castrochavista’ por pensar distinto ya es un riesgo”.

Además de combatir la delincuencia e inseguridad, los analistas sostienen que son varios los retos que enfrenta el Valle del Cauca en estas elecciones.

Para Rosalía Correa el primer reto es la convocatoria a votar. Cree que la participación en estas elecciones va a ser una de las más bajas porque la gente siente mucha animadversión por los candidatos actuales y el clima político.

“Ellos piensan que no votar es una forma de protestar”, explica.
Indica que incluso, los políticos acostumbrados a las grandes maquinarias tendrán o “que mover mucho dinero o van a obtener una votación muy baja porque ahora hay menos recursos por parte de los empresarios quienes ya no se miden de manera dedicada como antes”.
También advierte sobre la calidad de propuestas y trabajo de los aspirantes, “porque son contados los candidatos por los que se puede votar”.

En este sentido, el politólogo Óscar Duque dice que, por ejemplo, Cali es la segunda ciudad en términos de importancia, pero es la última en la que piensa el Gobierno Nacional para implementar sus planes: “Los problemas de movilidad, de infraestructura, de inseguridad se han venido resolviendo en otras ciudades, uno lo que le pediría a los congresistas, no importa el partido, es que luchen, mas que por sus propios intereses, por definir cómo catapultan a Cali y al departamento”.

Tenga en cuenta
En el país hay habilitados para votar en las elecciones de marzo 36.024.467 personas. De ellas, 18.605.726 son mujeres y 17.418.741 son hombres.

En todo el territorio nacional se instalarán 11.231 puestos de votación y 103.345 mesas.

La Registraduría Nacional informó que 682.077 colombianos fueron seleccionados para participar como jurados de votación. Solo quien presente una excusa refrendada podrá evadir esta obligación.

Resultado Elecciones en Colombia 11 Marzo 2018

Aunque estas elecciones registran el menor nivel de riesgo de violencia desde que la MOE hace la medición, preocupa la situación de las zonas en las que hacen presencia tanto el Eln como las bandas criminales.


La existencia de la FARC como nueva fuerza política, la reconfiguración de poderes en los territorios, la arremetida violenta del Eln y la crisis en la mesa de diálogos con el Gobierno, los movimientos de las estructuras políticas locales tradicionales y la presencia de organizaciones criminales al servicio del narcotráfico en los territorios. Estos son algunos de los factores que jugarán en los comicios este año, convocados para que el país elija al Congreso (11 de marzo) y presidente de la República (27 de mayo) que liderarán al país durante los próximos cuatro años, en tiempos de posacuerdo e implementación de la paz.

Y con ese panorama como telón de fondo, no es de extrañar que existan múltiples factores que amenacen con poner en riesgo el proceso electoral, sobre todo en zonas en las que en los últimos meses se han presentado fenómenos constantes de violencia. Así lo dejan ver los mapas de riesgo presentados este jueves por la Misión de Observación Electoral (MOE), que muestran la radiografía de los municipios del país en los que existen riesgos, ya sean indicativos de fraude (limitaciones a la competencia electoral, manipulación en votos nulos, manipulación en tarjetones no marcados) o por factores de violencia (acciones unilaterales y presencia de actores armados ilegales, desplazamiento forzado con implicaciones electorales, violaciones a la libertad de prensa y violencia política).

En total, revela el documento de la MOE, son 170 los municipios en los que confluyen ambos tipos de riesgo, de los cuales 64 están en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 41 en riesgo medio. Antioquia (13), Norte de Santander (8), Chocó (7), Nariño (6) y Córdoba (4) son los departamentos con más municipios en los que coinciden las dos categorías y en los que el riesgo es extremo.

En general, la misión registró una disminución del 34 % de riesgos electorales combinados. La disminución más importante está en los llamados riesgos altos, que disminuyeron en 58 % en los municipios. En contraste, se registra un incremento de 14 municipios en riesgo extremo por presencia de grupos ilegales en algunas regiones, mientras que 90 municipios disminuyen el nivel de riesgo en comparación con los datos observados en los mapas de riesgo de 2014.

Pero más allá de la minucia de las cifras, hay tres datos que llaman la atención en el informe. El primero tiene que ver con la aparición de ocho ciudades capitales en los mapas con niveles de riesgo extremo, incluyendo Bogotá, y la de otras tres con riesgo alto. En el informe, la MOE también incluye a Barrancabermeja en el listado de capitales, teniendo en cuenta que cumple con características específicas: “Es una ciudad poblada y de elevados ingresos, más que todo gracias a la actividad petrolera de la refinería; es la mayor ciudad del Magdalena Medio y es un epicentro económico y político de la región”.

El análisis señala que en ninguno de los casos de estas grandes ciudades se ve una lógica regional del riesgo –los municipios aledaños casi no están en riesgo–, lo que demuestra que se trata de amenazas a las elecciones en el ámbito urbano. Con un agravante: en conjunto, las ciudades con riesgo electoral alto y extremo suman un censo electoral de 10 millones y medio de electores, que equivalen al 30 % del censo electoral nacional.

Según Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la MOE, en estos casos hay que revisar de manera concreta lo que sucede en los barrios, comunas y localidades, sobre todo en aquellos que tienen condiciones socioeconómicas precarias y en los que existen grupos delincuenciales organizados que pueden perturbar los comicios.

Otro tema sobre el que la MOE llama la atención es el de las consecuencias del paro armado anunciado por el Eln y la fuerte injerencia de la guerrilla en el territorio, sobre todo ante la ausencia de un cese al fuego bilateral.

“Sí puede haber un impacto cierto del Eln y eso lo concluimos de experiencias anteriores. El Eln en las últimas elecciones locales tuvo capacidad de afectación tanto en Chocó como en Arauca, y en la frontera entre Arauca y Boyacá. Frente a ese tema, nosotros lo que señalamos es que si el Eln no entra a un cese bilateral al fuego hay una altísima afectación en zonas como el sur de Chocó, Bajo Baudó, Medio Baudó, en Arauca, en la zona de frontera entre Arauca, Casanare y Boyacá, en la zona de Catatumbo y en la región del andén Pacífico”, explica Barrios.

Finalmente, el tercer dato clave que revela el informe es que el mapa de riesgo por coincidencia de factores ya no muestra los mismos corredores de riesgo que en otras mediciones eran claros, sino que refleja una concentración de municipios en puntos específicos que contienen en sí mismos los riesgos electorales. Se trata de seis regiones geográficas en las que no sólo el conflicto armado se ha arraigado por décadas, sino en las que también hay una clara ausencia estatal.

Es el caso del Catatumbo, en Norte de Santander, el sur de Bolívar y la subregión del nordeste antioqueño, el nudo de Paramillo, en la frontera entre Córdoba y Antioquia, y regiones aledañas como el Bajo Cauca antioqueño al oriente y el Urabá antioqueño y chocoano al occidente; las cuencas del Baudó y el San Juan en el sur de Chocó, la costa Pacífica de Nariño, la Orinoquia y la Amazonia en tres zonas: la margen sur del río Meta, el territorio entre las cuencas del río Guaviare y del río Caguán (lo cual cubre a todo el departamento del Guaviare) y el bajo Putumayo.

De acuerdo con Barrios, la ruptura de dichos corredores demuestra que sí hay cambios claros en términos de seguridad para las elecciones: “Nosotros teníamos antes unos corredores que se movían desde Uribia (La Guajira) hasta Arauca, era todo un corredor donde se concentraba no sólo presencia de actores armados, sino también presuntos fraudes electorales. Ahora hay regiones concretas que, sin embargo, siguen consolidando y manteniendo algún tipo de riesgo, normalmente entre alto y extremo”.