El 3 de febrero, Luca Traini, de 28 años y ex candidato a elecciones locales de la Liga Norte en un pueblo del centro de Italia, disparó desde la ventana de su auto contra personas negras que paseaban por el centro de Macerata, dejando seis heridos. No fue la primera agresión racista en Italia. Esta vez, sin embargo, fue diferente: el ataque se produjo a tan solo un mes de las elecciones generales y, sin quererlo, Macerata se convirtió en el escenario de la campaña electoral para las elecciones más inciertas de Italia.
Después del incidente, el candidato de la Liga Norte, Matteo Salvini se desplazó a la zona y consiguió adueñarse del discurso y culpar del ataque a la tensión social provocada por la inmigración, un tema central para entender lo que está en juego en estos comicios. “Quien sea que dispare es un delincuente, da igual el color de la piel. Pero está claro y es evidente que una inmigración fuera de control, una invasión como la que se ha organizado, querida y financiada todos estos años, conduce al desencuentro social”, aseguró Salvini.
En Macerata el 9% de sus 43.000 habitantes son inmigrantes. Y lejos de alejar el fantasma de la intolerancia, los discursos de los líderes políticos como Salvini o el ex primer ministro Silvio Berlusconi lo han alimentado. Ambos, que se presentan en estos comicios en coalición con Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, llevan en su programa la promesa de “expulsar a 600.000 extranjeros” si llegan a gobernar.
Hoy los italianos acuden a las urnas en unas elecciones marcadas por los grandes desafíos que enfrenta la tercera economía de la zona euro: el lastre de la deuda, la crisis de natalidad o el débil crecimiento económico. Sin embargo, según las encuestas, la formación que no haya mostrado una posición clara y transparente sobre el problema con la inmigración no conseguirá buenos resultados.
En 2016, por ejemplo, la crisis migratoria llegó a un punto álgido con 181.436 desembarcos, según el ministerio del Interior. La previsión era que en 2017 aumentara otro 30%, por lo que esta situación empezó a calar hondo en los discursos de la mayoría de partidos políticos, que empezaban a preparar sus respectivas campañas electorales.
De este modo, y cansados de esperar una respuesta de la Unión Europea, el gobierno de Paolo Gentiloni y del socialdemócrata Partido Demócrata (PD), diseñaron un plan a dos bandas con el gobierno Libio y el ejército para frenar las llegadas. Y funcionó: la guardia costera empezó a actuar y se cerró 2017 con 119.369 desembarcos. Pero esta medida ha sido criticada duramente por organizaciones no gubernamentales que acusaban al gobierno de “maquillar” y ofrecer una “solución rápida” con un enfoque claramente electoral.
El coordinador de la organización pro inmigrantes, Mediterranean Hope, Paolo Naso, explicó a La Tercera que “la manera en que se trata el tema es demasiado superficial y emocional”. También aseguró que “algunos partidos políticos han hecho una campaña contra la inmigración con el clásico discurso del miedo. Nos dicen que los inmigrantes son el problema para así eclipsar otros temas y aumentar el control de seguridad y fortalecer nuestras fronteras”.
Actualmente, Italia sigue siendo el principal punto de entrada a Europa de los refugiados y migrantes que cruzan por el Mediterráneo. Según el último informe de Médicos Sin Fronteras, en los últimos cuatro años desembarcaron en las costas italianas más de 600.000 personas, las misma cantidad que la coalición de centro derecha que domina los sondeos quiere expulsar del país.
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